lunes, 15 de febrero de 2010

CORRUPCIÓN PSOE Y otros. ¡AY FELIPE DE MI VIDA! GONZÁLEZ, NATURALMENTE. PSOE, NATURALMENTE.

CASO URBANOR
El caso Urbanor, nombre de la sociedad que construyó las famosas torres KIO de la Plaza de Castilla, en Madrid, se presenta todavía por algunos medios como uno de los mayores pelotazos de la época felipista. Pero lo cierto es que se ha convertido 16 años después en uno de esos extraños casos judiciales donde, gracias al paralelo proceso político, los querellantes (el arquitecto Pedro Sentieri y los hermanos San Martín) han sido los más beneficiados, al lograr multiplicar sus inversiones por más de 27 veces. Al contrario, los querellados (Alberto Cortina y Alberto Alcocer) han tenido que pagar 50 millones de euros, más de lo que ganaron, y han sufrido otros muchos perjuicios, gracias a que fueron condenados por la prensa y la oposición antes que por una polémica sentencia del Supremo de marzo de 2003, dictada tras una sentencia absolutoria de la Audiencia de Madrid del año2000, que todavía está pendiente del recurso de amparo admitido hace año y medio por el Tribunal Constitucional. Fuentes jurídicas aseguran que está próxima su resolución.

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CASO TABACALERA-ALIERTA
El actual presidente de Telefónica, Cesar Alierta, su mujer, Ana Cristina Placer, y su sobrino Luis Javier Placer, están acusados de haber obtenido en 1998 un enriquecimiento ilícito de 1,8 millones de euros gracias a una compraventa de acciones de Tabacalera que Alierta realizó aprovechándose del conocimiento privilegiado de los movimientos que iba a realizar la empresa tabaquera, presidida por él en esos momentos. El juez Santiago Torres, que investiga el supuesto uso de información privilegiada por parte del presidente de Telefónica, César Alierta, durante su etapa al frente de Tabacalera, en concreto entre 1997 y 1998, le ha vuelto a citar, junto a su esposa, para que ambos declaren en calidad de imputados el próximo 13 de enero. El motivo de su comparecencia es explicar una nueva operación de compra de acciones de la tabaquera durante el período en que fue presidente.

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CASOS DE EMILIO BOTÍN
El 2005 se presenta para Emilio Botín con dos citas ineludibles la Audiencia Nacional. Botín, se sentará por primera vez en el banquillo el próximo 24 de enero por el caso de las prejubilaciones millonarias abonadas al ex copresidente del banco José María Amusátegui y al ex vicepresidente Ángel Corcóstegui. Posteriormente, Botín tendrá que acudir de nuevo a la Audiencia por el caso de las cesiones de crédito (productos opacos al fisco comercializados en los ochenta). En él también están implicados el consejero Rodrigo Echenique, el ex jefe de asesoría jurídica, José Ignacio Uclés y el ex jefe central contable, Ricardo Alonso Clavel.

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CASOS MARBELLA
Uno de los escándalos de la caótica gestión económica en el Ayuntamiento de Marbella ha sido el agujero en la contabilidad municipal. Según el Tribunal de Cuentas más de 360 millones de euros (60.000 millones de pesetas) no se han justificado a lo largo de nueve años de mandato del ya fallecido Jesús Gil y Gil y de Julián Muñoz, según la auditoría del citado órgano de fiscalización

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CASO GESCARTERA
El escándalo de Gescartera, en la que desaparecieron la gran parte de los ahorros de unos 2.000 clientes, se remonta al 14 de junio de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores ante la imposibilidad de conocer su situación económica y descubrió un "agujero" patrimonial en la entidad, que en principio se cifró en unos 80 millones de euros y que posteriormente ascendió a 108 millones. El caso Gescartera supuso hace tres años una gran alarma social y por ello ingresaron en prisión: el propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho; la ex presidenta, Pilar Giménez Reyna; el comercial, Aníbal Sardón; y el asesor fiscal, Julio Rodríguez Gil.

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CASO ESTEVILL
El macrojuicio del "caso Estevill", una trama de corrupción judicial que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha entrado entra en su recta final a la espera de sentencia. Durante los pasaos dos meses, el Alto Tribunal catalán ha escuchado el relato de varios empresarios y banqueros que pagaron una gran cantidad de dinero -entre 150.000 y 300.000 euros- al ex juez Luis Pasqual Estevill y al abogado Joan Piqué Vidal a cambio de que el ex magistrado les dejara en libertad o no los encarcelara por un delito fiscal. Los consejeros de empresas como Nutrexpa, Macosa y Pryca se encuentran entre las víctimas.

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CASO LASA-ZABALA
El secuestro y asesinato de José Antonio Lasa Arostegui y de José Ignacio Zabala Artano en 1983 fue uno de los casos más sonados de la llamada "guerra sucia" contra ETA durante los años del Gobierno socialista de Felipe González, una de las principales ramificaciones del llamada caso GAL. Después de un juicio largo y complicado en el que incluso un testigo falleció de un infarto, el juez dictó sentencia condenatoria contra el general Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julián Elgorriaga y el teniente coronel de la Guardia Civil Ángel Vaquero.

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CASO BANESTO
El Banco Español de Crédito (Banesto) fue intervenido a finales de 1993 por las autoridades monetarias tras descubrirse un agujero en su caja de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas). Un agujero patrimonial en la entidad que dejaba en la estacada a siete millones de clientes, a medio millón de accionistas, a 15.000 trabajadores y a 50 empresas en las que la entidad participaba. Tras varios años de juicios y recursos, en julio de 2002, el Tribunal Supremo condenó, entre otros ex directivos, al ex presidente de Banesto, Mario Conde, a veinte años de prisión y a trece años y ocho meses al ex vicepresidente Arturo Romaní por los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental.

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CASO KIO-DE LA ROSA
Fue una de las suspensiones de pagos más espectaculares de la reciente historia económica de España, por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). La sociedad kuwaití KIO cifró las pérdidas provocadas por sus gestores en España en 600 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de prisión para el empresario catalán Javier de la Rosa por apropiación indebida, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas; igual pena para el abogado Juan José Folchi; once años para Jorge Núñez; cinco para Manuel Prado y dos para Miguel Soler, ex director financiero de Torras. Se intenta desentrañar si Javier de la Rosa y sus colaboradores se llevaron, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros): 12.000 a través de la empresa Quail y 18.000 a través de sus cuentas suizas.

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CASO FONDOS RESERVADOS
Este caso juzgó a siete ex altos cargos del Ministerio del Interior en la época socialista de Felipe González por el uso irregular de los fondos reservados que el Gobierno destinó, en teoría, a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico entre los años 1987 y 1993. Se comprobó que el dinero fue utilizado para uso privado, pago de sobresueldos y gratificaciones a funcionarios y altos cargos de Interior y, en algunos casos, en enriquecimiento personal. En total, se sustrajeron unos 5 millones de euros. De momento, Rafael Vera y José María Rodríguez Colorado están a la espera de que les notifiquen su entrada en prisión o les concedan un indulto.

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CASO WARDBASE
Es una de las piezas separadas del “caso Torras-Kio”. Se refiere al pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por 1.900 millones de pesetas a comienzos de los años noventa.

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CASO JUAN GUERRA
A finales de 1989, Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.

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CASO FILESA
A finales de 1989, Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones

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CASO ROLDÁN
El caso Roldán fue desvelado en noviembre de 1993, provocando la destitución del entonces director general del instituto armado Luis Roldán, que estuvo al frente de la Benemérita, entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. El ex director de la Guardia Civil aprovechó su cargo para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva mediante el cobro de comisiones de obras, la estafa a los constructores y la malversación de los fondos reservados de Interior. Asimismo, Roldán recibió, a partir de 1990, sobresueldos de cinco millones al mes por parte de la Secretaría de Estado para la Seguridad y con cargo a los fondos reservados. Esa cantidad se elevó a 10 millones desde 1991 hasta su destitución. Rafael Vera era entonces el secretario de Estado de Interior y quien manejaba los fondos reservados.

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